Discapacidad, COVID y políticas públicas en Latinoamérica y El Caribe

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En Latinoamérica y el Caribe tenemos particularidades que nos llevan a enfrentar la pandemia del coronavirus de forma distinta a Europa y Asia. Lamentablemente en las últimas semanas se ha confirmado que en nuestra región los contagios avanzan con mayor celeridad que en el resto del mundo, sin haber alcanzado aún el pico de casos.

Esta situación ha obligado a gran parte de nuestros países a tomar medidas para aplacar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, con mayor o menor foco en la población en situación de discapacidad. Analicemos las principales medidas tomadas:

  • Accesibilidad en la información: Panamá, a través de su Secretaría Nacional de la Discapacidad, ha implementado medidas de accesibilidad para toda la información pública y de sus autoridades nacionales. Esto ha implicado contar con intérpretes en lengua de señas, subtítulos, el uso del alto contraste en sus plataformas, el uso de formatos accesibles en su documentación junto con la lectura fácil y lenguaje sencillo. También el uso de mensajes de texto permite llegar a aquella población con bajo acceso a internet, lo que se ha hecho más notorio en el caso de las personas con discapacidad.
  • Protección frente a la violencia: una de las problemáticas más relevantes que se han evidenciado en el confinamiento es la violencia de género e intrafamiliar. En línea con esta realidad Perú desarrolló acciones legislativas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante el estado de emergencia. Si bien la ley no incorporó especialmente a las personas con discapacidad, es importante su mención ya que es la única política latinoamericana que incorpora acciones en esta línea, estableciendo que las acciones se deben producir en 24 horas desde que se produce la denuncia, hasta que se dictan las medidas de protección.
  • Teletrabajo: el 24 de marzo, a inicios de la crisis sanitaria, Chile promulgó una ley que modifica el Código del Trabajo para incorporar materias sobre el trabajo a distancia. En la práctica la ley reconoce la existencia del teletrabajo como un acuerdo mutuo entre la empresa y sus colaboradores, poniendo el acento en tres puntos: el derecho a la desconexión, que deberá ser al menos de 12 horas; el costo de la implementación del teletrabajo, que será a costo del empleador; y que esta modalidad no puede significar un menoscabo de las condiciones laborales individuales y colectivas de la persona acogida a esta modalidad. A raíz de la situación sanitaria, esta ley tuvo un impacto cultural muy importante en el mundo del trabajo. Randstad desarrolló recientemente un estudio sobre teletrabajo en las empresas, donde un 85% afirma que la Ley de Teletrabajo permitirá el ingreso de más personas con discapacidad a la esfera laboral. A su vez, la Red de Empresas Inclusivas, en un sondeo a sus empresas socias dio cuenta de un 95% de ellas ha tomado medidas como el teletrabajo para sus trabajadores en situación de discapacidad y otras poblaciones especialmente vulnerables en el contexto actual. Viendo estas cifras, se demuestra la necesidad de una legislación de este tipo, aunque hay que mantenerse observantes de la variable género en esta medida, ya que la corresponsabilidad es un tema pendiente en el país y la región; también será importante observar los ajustes razonables, así como factores de salud ocupacional que se apliquen en esta modalidad laboral, especialmente para aquellas personas con discapacidad que los requieren.
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  • Pensiones no contributivas: estas medidas, muy relevantes en cuanto a seguridad social, han sido reforzadas en muchos países de Latinoamérica y el Caribe producto de la pandemia. La importancia de estas medidas es apoyar a las personas más vulnerables socioeconómicamente, y evitar el aumento de la pobreza entre la población. México, en el mes de marzo, adelantó 4 meses de pensión para personas mayores y personas en situación de discapacidad; en el mes de junio volvió a repetir la medida para permitir que estos colectivos puedan enfrentar de mejor forma la pandemia. Por su parte, Chile incorporó al Ingreso Familiar de Emergencia a las personas beneficiarias de la pensión básica solidaria de invalidez que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, por lo que estas personas con discapacidad recibirán un monto suplementario a su pensión actual, con una duración de 3 meses.

Este pincelazo de políticas públicas busca dar cuenta de 4 necesidades básicas en la pandemia, y cómo se están abordando en nuestra región. Hoy lo principal es mantener las medidas de distanciamiento social y prevención de contagios, lo que se intersecciona con condiciones de base de nuestras sociedades, como lo son la inequidad de género, la discriminación a las personas con discapacidad, la desigualdad socioeconómica, y a lo que sumamos hoy el alto riesgo de contagio de las personas con discapacidad.

Quedan muchos desafíos por resolver, pero la lección aprendida hasta ahora es que toda medida que se tome para el bienestar de las personas, y con respeto al ejercicio de sus derechos fundamentales, permitirá no solo proteger a la población de la pandemia, sino que salir de esto con una ciudadanía fortalecida y solidaria. En caso contrario, los que hoy son desafíos sin responder mañana serán reivindicaciones sociales, que en el caso de la discapacidad seguirá sumando deudas para nuestra región.

Felipe Candia Jélvez
Psicólogo
Mg. en Gestión e Inclusión Laboral de PsD

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